España,2 noviembre.- Saltaron todas las alarmas. Hace unos días se puso el grito en el cielo al estallar la noticia de que el PP de la Comunidad Valenciana había incluido en la reforma de sus Estatutos una cláusula que blindaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Pero lo cierto es que ésta medida no era ni más ni menos que una copia literal de la que actualmente figura en el reglamento nacional.
En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que "dentro de su compromiso ético con la sociedad" el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".
Fuente: Público.es
En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que "dentro de su compromiso ético con la sociedad" el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".
Fuente: Público.es
