ESPAÑA: Anticorrupción pide que vuelva a declarar Bonet por pagos a Fabra

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado Número 1 de Nules, que instruye el grueso del 'caso Fabra' por presuntos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, que vuelva a citar a declarar al empresario azulejero Antonio Bonet para que detalle cómo pagó «el préstamo de Ruralcaja a Fabra».

El fiscal considera que el ex directivo del CD Castellón debe aportar «los cheques que pudo librar o las cantidades ingresadas en la citada cuenta abierta en Ruralcaja o en cualquiera otra cuenta».

Anticorrupcion considera que la documentación aportada por Bonet tras su testifical a finales de 2009 «incurre en contradicciones» con lo que declaró.

Fuente: Las Provincias.es

España: El juez discrepante: "El cohecho impropio no requiere una relación de causalidad"

Los escándalos que afectan al PP

Juan Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no comparte la tesis de sus dos compañeros que impiden juzgar a Francisco Camps. En un voto particular de apenas un folio, lo justifica así:

» Dos dudas. ?La discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal?.
» Continuación del proceso. ?En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser?.

» Causalidad. Pues bien, este magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret. Esta falta de convencimiento me debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala?.

España: El PP readmite a Víctor Campos tras el archivo del 'caso Gürtel' en Valencia

Los escándalos que afectan al PP

Costa asegura que el ex vicepresidente de la Generalitat "ha sido y será un puntal fundamental"

El Partido Popular ha levantado la suspensión cautelar de militancia al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archivara ayer la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, y el propio Campos.

Tras conocerse la decisión, Costa ha asegurado que el ex vicepresidente Campos "ha sido y será un puntal fundamental" de los populares en la comunidad. El número dos del PP valenciano ha mostrado su satisfacción por que "al fin todas las calumnias e infamias vertidas contra su persona hayan quedado aclaradas".

La decisión la ha hecho hoy pública el PP en un comunicado después de que el Comité de Derechos y Garantías del partido optara ayer por readmitir como militante a Campos. El ex vicepresidente de la Generalitat fue imputado en la investigación de la ramificación valenciana del caso Gürtel por presuntos delitos de cohecho pasivo, al haber recibido regalos de la trama dirigida por Francisco Correa y de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de la empresa de la red corrupta en Valencia, Orange Market.

En la nota de prensa, los populares expresan su agradecimiento a Campos y se felicitan de que "por fin se haya hecho justicia". La suspensión de militancia fue solicitada en su día por el propio Campos para "la mejor defensa de sus intereses y evitar perjuicios al partido", según el PP.

Suspendidos en Madrid
Hace tres meses, el Comité de Derechos y Garantías del PP también suspendió temporalmente de militancia a los diputados autonómicos de Madrid Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch y Alberto López Viejo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid les imputara por su vinculación con la trama corrupta.

El tribunal de Valencia acordó ayer el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho de los altos cargos el Gobierno valenciano. Dos de los tres jueces admitieron que los cuatro dirigentes habían recibido regalos, pero consideraban que estos obsequios no tenían relación con sus cargos. La fiscalía recurrirá esta decisión al Tribunal Supremo.

El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, ha anunciado que el Consell pedirá la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, en el Senado "para que dé explicaciones sobre si es ella quien da las instrucciones a la Fiscalía General del Estado". Rambla ha hecho estas manifestaciones después de que De la Vega anunciara ayer que la Fiscalía General recurriría ante el Tribunal Supremo. "En lugar de preocuparse por la crisis, está más pendiente de lo que ha sido durante estos meses el montaje de un Gobierno socialista contra Camps y contra la institución que representa", ha indicado el vicepresidente valenciano. En la misma línea, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha calificado de "inaceptable" y de "hacer un flaco favor a la democracia y al Estado de Derecho" el hecho de que el Gobierno de España anunciara ayer un recurso.

Junto a De la Vega, los populares también quieren la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. El PP ha registrado hoy su petición para que Conde Pumpido comparezca en el Congreso y explique la "utilización" de la Fiscalía "al servicio del Gobierno y del PSOE" en la investigación a Francisco Camps.

Pajín exige responsabilidades políticas a Camps
La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, ha exigido al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que asuma responsabilidades políticas pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió ayer archivar la causa abierta contra él y otros tres altos cargos del PP en dicha comunidad por un delito de cohecho impropio.

Pajín, en una entrevista en la Cadena SER, ha asegurado que "con independencia del alcance penal" que pueda tener el caso, "hay un alcance político" en tanto en cuanto el tribunal reconoce que Camps ha recibido regalos de empresas vinculadas a la trama Gürtel. En opinión de Pajín, el presidente de la Generalitat debe "dar explicaciones en el Parlamento valenciano" ya que "ha mentido al decir que no los conocía y que no había recibido regalos".

La secretaria de organización del PSOE ha asegurado además que "el problema no es solo el regalo, sino de quiénes: los responsables de una trama de corrupción".

Sobre el recurso que han anunciado tanto el PSOE como la Fiscalía del Estado, Pajín cree que el PP no "ha respetado la justicia y ha puesto en cuestión a policías, jueces y fiscales" y que uno de los propios magistrados del TSJ cree que la sentencia es incorrecta.

También se ha pronunciado sobre el posible recurso al auto de sobreseimiento el secretario general del PP madrileño, a algunos de cuyos afiliados investiga el Tribunal Superior de Justicia de dicha región en el marco del caso Gürtel. Francisco Granados ha denunciado que haya sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció ayer que la Fiscalía Anticorrupción iba a recurrir el auto del tribunal valenciano.

Fuente: Diario El País

España: La Audiencia de Alicante rechaza los recursos del PP contra el alcalde de Elche por el pago de facturas

El edil socialista fue imputado por los delitos de prevaricación y malversación.

Alivio judicial para los socialistas valencianos. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha acordado desestimar los recursos presentados por el PP contra el alcalde socialista de Elche, y número del PSPV, Alejandro Soler, por el pago con fondos municipales de propaganda en medios de comunicación local de actos de electorales del partido socialista.

El alcalde fue imputado por los delitos de prevaricación y malversación, pero la Audiencia ha decretado hoy el "el sobreseimiento y archivo de la causa", según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Elche se personó en el proceso como acusación particular por el pago de cuatro facturas (de unos 11.000 euros) de actos electorales del PSPV con dinero municipal. Los pagos fueron rubricados por la ex edil del PSPV María Ángeles Avilés, en su etapa como responsable de Hacienda. La juez que dirige esta investigación admitió la personación del PP, en calidad de acusación popular y sin fianza.

Esta investigación comenzó a raíz de una denuncia del Grupo Popular ante la Fiscalía Anticorrupción. Por estos hechos, la juez ha incoado diligencias penales por malversación, prevaricación y contra la ley de financiación de los partidos, pero aún no ha acordado ninguna imputación.

Antes de esta denuncia, el PP presentó una querella contra el alcalde, el socialista Alejandro Soler, por hechos similares (dos facturas por 6.000 euros, firmadas por Soler).

Fuente: Diario El País

España: El Supremo investigará un presunto blanqueo de Bárcenas en el Caribe

El alto tribunal debate si se queda con toda la causa o sólo con los aforados.

El Tribunal Supremo admitirá su competencia para investigar la presunta corrupción del senador Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular; del diputado nacional de ese partido Jesús Merino y del eurodiputado popular Gerardo Galeote, implicados todos ellos en el denominado caso Gürtel, según informaron ayer fuentes jurídicas.

El debate en la Sala de lo Penal, la encargada de enjuiciar el caso, no es si el Supremo admitirá hacerse cargo de la investigación de los tres aforados, sino si se hará cargo de la instrucción de toda la causa como sugería Antonio Pedreira, juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o sólo de la que se refiere a los tres aforados.

Pedreira había asumido las tesis defendidas por la Fiscalía que sostenían que todo el caso está entrelazado y que no sería ni conveniente ni adecuado desglosar las partes referidas a los aforados. Uno de los casos que presuntamente afecta a Bárcenas se refiere a un presunto delito de blanqueo de dinero en un paraíso fiscal, una pequeña isla del Caribe, del que habría que averiguar la procedencia del dinero y para ello es imprescindible que no se desglose de la trama principal.

Además, los presuntos delitos de cohecho se refieren a adjudicaciones ilegales, por lo que la investigación quedaría coja o incompleta si no se pudieran vincular los primeros con las segundas.
No obstante, el Tribunal Supremo es soberano en esa cuestión y podría pronunciarse por investigar únicamente lo referido a los imputados que tienen fuero por razón de su cargo y dejar el resto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o incluso nombrar un instructor delegado, aunque no parece probable esta última solución.

La advertencia realizada por Pedreira sobre la posible prescripción de los delitos no preocupa en el alto tribunal. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la prescripción se interrumpiría desde el mismo momento en que el Supremo admitiera su competencia en el caso, ya que la exposición razonada del instructor se refiere a los tres aforados y, por tanto, ya habría una causa dirigida contra ellos. No sería necesario que se solicitara su suplicatorio para que acudieran a declarar en calidad de imputados.

El Supremo podría estudiar incluso la opción de que los imputados declarasen voluntariamente sin necesidad de que el alto tribunal tramitase el suplicatorio. El fiscal Juan Ignacio Campos, que se hará cargo de la acusación pública en el caso Gürtel en el Supremo, apoyaría esta solución, aunque es improbable que la acepten los imputados.

Mientras tanto, Antonio Pedreira, encargado de continuar con el proceso en tanto el Supremo no admita su competencia, ha citado a declarar el próximo jueves, por petición del Ministerio Fiscal y en calidad de testigos, a Miguel González Martín y a Isabel Fernández Chacón de Lucas, empleados de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que la Abogacía del Estado se personará en el caso Gürtel en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) al haber aparecido indicios de delitos contra la Hacienda pública. Caamaño replicó así a unas declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que afirmó que la actuación de jueces y fiscales se debe al "mal perder" del Gobierno central en las elecciones europeas.

Caamaño afirmó que el Ministerio de Justicia "no ha cambiado de opinión" tras los resultados electorales del 7 de junio, pero la diferencia estriba en los delitos contra Hacienda, ya que "la Hacienda pública somos todos nosotros".

Fuente: Diario El País

España: Rajoy arropa a Bárcenas ante el Supremo

El presidente del PP pide a los suyos "confianza" ante la presión interna para que dimita el tesorero - El partido espera su renuncia cuando le impute el alto tribunal .

El PP siempre creyó que no llegaría, pero ayer se dio de bruces contra el peor de los escenarios. El caso Gürtel viajó camino del Tribunal Supremo por la implicación del tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, en la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y que ya ha supuesto la imputación de una docena de dirigentes o ex dirigentes del PP.

El juez de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso, decidió enviarlo al Supremo al encontrar "indicios de un delito contra la Hacienda pública y otro de cohecho" en Bárcenas, y de cohecho en el diputado Jesús Merino, miembro de la dirección del grupo parlamentario, y Gerardo Galeote, eurodiputado en funciones.

La presión interna en el partido es muy intensa para que Bárcenas dimita cuanto antes y evite así manchar a la formación con un asunto turbio, mucho más grave al tratarse de la persona que controla todo el dinero del PP.

Sin embargo, Mariano Rajoy no tiene intención de hacer nada hasta que Bárcenas sea formalmente imputado por el Supremo. Entonces podría plantearse una suspensión temporal como tesorero, pero no una dimisión de senador, que le haría perder el fuero.

Algunos dirigentes reclaman que Bárcenas deje de ser senador, entre otras cosas para que el caso vuelva al Tribunal de Madrid, más favorable en principio a los intereses del PP. Sin embargo, fuentes de la dirección explican que ninguno de los diputados autonómicos imputados ha dejado su escaño, aunque sí han sido suspendidos de militancia.

Doble rasero con Camps
La destitución de Bárcenas como tesorero, aunque fuera temporal, tendría otro problema añadido. Quedaría en evidencia el doble rasero con Francisco Camps, que pese a estar imputado, ni ha dimitido, ni ha cesado como presidente del PP regional, ni ha sido suspendido de militancia.
Consciente de esa presión interna, el líder del PP mandó un mensaje ayer a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano, con casi 500 personas, para que dejen en sus manos la gestión de esta crisis. "Este partido no se ha financiado ilegalmente. No somos inquisidores. Defenderemos la honorabilidad del PP y de sus militantes, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra que alguien ha hecho cosas no aceptables, actuaremos en consecuencia. Pido a la Junta Directiva que confíe en lo que hace la dirección de este partido".

Rajoy estaba así, sin citarlo, mostrando una vez más su apoyo al tesorero, el único de los implicados al que él nombró directamente, hace un año, cuando el veterano Álvaro Lapuerta dejó el cargo.

Lapuerta dijo ayer, a la salida de la Junta Directiva que está "absolutamente" convencido de la inocencia de Bárcenas. Preguntado por el patrimonio inmobiliario del tesorero -unos 3,5 millones de euros- difícil de explicar para un funcionario del partido con un buen sueldo y nada más, Lapuerta contestó: "No es tanto patrimonio. Yo tengo bastante más que él. Ha estado conmigo siempre, es un tío espléndido. Me trae sin cuidado que lo impute el Supremo, porque lo van a absolver".

Precisamente la diferencia entre Bárcenas y Lapuerta es fuente de muchos comentarios en el PP. Mientras todos los dirigentes conocían que este último era un rico empresario mucho antes de llegara al PP, de Bárcenas no constaba más que su trabajo como funcionario del partido, por lo que muchos se extrañan de su riqueza sin ninguna deuda.

Barcenas, según fuentes del PP, se resiste a dimitir, y espera a su imputación. Mientras, Rajoy, que es hijo de juez, está cada vez más molesto con algunas decisiones judiciales. Ayer incluso llegó a decir que "el Tribunal Constitucional se ha equivocado" por permitir que Iniciativa Internacionalista estuviera en las elecciones europeas. Además de recusar a Baltasar Garzón, en varias ocasiones ha criticado a los jueces que, tanto en Canarias, como en Baleares o Murcia, toman medidas cautelares contra dirigentes del PP implicados en casos de corrupción que quedan en nada.

Con el Supremo no ha llegado a tanto, de momento guarda silencio. Aunque presumió de los buenos resultados en las comunidades más afectadas por el caso Gürtel, un asunto que, según miembros de su dirección, está "políticamente amortizado" porque no afecta electoralmente al PP.

Apoyos y dudas
- Álvaro Lapuerta (ex tesorero del PP) tiene más dinero que Bárcenas: "[3,5 millones en pisos] no es tanto patrimonio. Yo tengo bastante más que él [por Bárcenas]. Ha estado conmigo siempre, es un tío espléndido. Me trae sin cuidado que lo impute el Supremo, porque lo van a absolver".

- Esperanza Aguirre apoyaría medidas disciplinarias: "Soy la principal interesada en que si alguien ha hecho algo ilegal, me basta con que sea incorrecto, pero desde luego si es ilegal, y no digamos si es delictivo, seré la primera en apoyar las medidas disciplinarias máximas en su contra".

- Manuel Fraga pide actuar con firmeza. El presidente fundador señaló que "Rajoy es el que tiene la responsabilidad y sabe lo que tiene que hacer", pero dijo: "Lo único que hay que saber es cuáles son las responsabilidades de todos y actuar después con firmeza".

- Rajoy apoya al tesorero. "Defendemos a los militantes del PP, inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Si se demuestra que alguien ha hecho cosas no aceptables, actuaremos en consecuencia".

Fuente: Diario El País

España: El tribunal mantiene la imputación a Camps tras prestar declaración

La investigación del 'caso Gürtel'

El presidente valenciano asegura estar "muy contento y satisfecho" de haber explicado al juez lo ocurrido

J. FERRANDIS / L. GARRIDO/ J. A. HERNÁNDEZ - Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia mantiene la imputación a Francisco Camps, tras la declaración del presidente de la Generalitat, según se deduce de la información aportada por fuentes jurídicas que aseguran que no hay ningún cambio en la situación y que el procedimiento sigue su curso. Después de las comparecencias de ayer del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, Camps ha acudido hoy al TSJ, imputado por un supuesto delito de cohecho relacionado con la trama de corrupción masiva que salpica al PP.

La declaración de Camps ha durado unos 45 minutos y a la salida, entre insultos y vítores de detractores y simpatizantes, ha manifestado: "Estoy satisfecho y muy contento de haber podido dar mi opinión sobre lo que ha ocurrido estos meses. Todo ha ido bien".

Perfectamente sincronizados, a las 11.15 llegaron ante el TSJ los tres vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino, y la alcaldesa, Rita Barberá, quien entró en el edificio y salió con Camps del brazo.

El presidente valenciano, que no ha aceptado preguntas de los periodistas, ha añadido: "Espero que esto vaya lo mejor y más rápido posible". Ninguna explicación sobre los trajes que supuestamente recibió de la trama del caso Gürtel, ni sobre el contenido de su declaración.

"La verdad, aquí estamos para decir la verdad", ha manifestado, por su parte, el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino.

Bronca en la entrada
La bronca que mantenían frente al TSJ valenciano los seguidores de Camps y sus detractores se volvió a reproducir a la salida del presidente valenciano del tribunal. Durante el tiempo que Camps permaneció declarando ante el magistrado, los dos grupos mantuvieron un enfrentamiento dialéctico; mientras los campistas gritaban "¡Presidente, presidente!" sus contrarios respondían con "Camps a prisión el ladrón".

La confrontación subió de tono cuando Camps se detuvo a saludar a sus partidarios que seguían animándolo mientras que sus detractores insistían en "Camps dimisión, Camps dimisión".

La cantidad de gente que se congregó ante las puertas del TSJ obligó a la policía a cortar el tráfico para que Camps pudiera acceder a su vehículo oficial con el que partió acompañado de su jefa de gabinete Ana Michavila, hermana del diputado del PP, José María Michavila. Pocos instantes después los seguidores de Camps también abandonaron el TSJ.

Arropado por dirigentes
Camps madrugó para acudir al tribunal. A las 8.45, una hora y cuarto antes de su comparecencia ante el magistrado José Flor, el presidente valenciano entraba en el TSJ. A la puerta del antiguo edificio de aduanas de Valencia le esperaban los tres vicepresidentes del Consell más la alcaldesa de Valencia. Ninguno de los cuatro quiso efectuar declaraciones y, cuando abandonaban el lugar perseguidos por los periodistas, tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, lo que hizo exclamar a la alcaldesa de Valencia: "No sabía que en esta ciudad duraran tanto los semáforos en rojo".

A esa hora apenas una decena de personas se encontraba esperando a Camps. Más tarde, alrededor de las 10.00, cuando estaba prevista su llegada, el número de concentrados ante el TSJ llegaba al centenar. Y fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento entre los partidarios del presidente y los militantes de la Intersindical Valenciana. Los sindicalistas levantaron, con unos globos, una pancarta en la que se podía leer: "Amiguito del alma y la privatización qué".

Era su manera de protestar por lo que consideraban la privatización de los servicios públicos por parte de la Generalitat. Apenas levantó el vuelo la pancarta un militante del PP la cogió y, tras romperla, echó a correr. En ese momento se produjo la primera bronca entre los dos grupos. De un lado los campistas gritando: ¡¡Presidente, presidente!! De otro, los sindicalistas respondiendo: ¡¡Imputado, imputado!! Un militante de la Intersindical portaba una caña sobre la cual había colocado unos enormes mostachos en referencia a los de Álvaro Pérez.

No fue el único incidente. Alrededor de las 10.30 una persona que se identificó como presidente del partido Identitat del Regne de València se acercó al grupo de seguidores del presidente valenciano portando una cartulina en el pecho en la que se podía leer: "Camps, dimite". Fue verlo los campistas y empezar a abroncarlo.

Entre las personas que acudieron a mostrar su apoyo a Camps se encontraban numerosos asesores de la Diputación y del Ayuntamiento de Valencia, así como concejales del PP de esta ciudad. También acudieron diputados autonómicos y los alcaldes de Paiporta, Riba-roja, San Antonio de Benagéber y Mislata.

Comparecencias de Betoret y el Bigotes
A la comparecencia del presidente valenciano le ha seguido la del ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Posteriormente lo ha hecho el presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón. "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario", ha dicho a la salida del tribunal.

Camps adquirió trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la red de corrupción, según las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del tribunal valenciano. De acuerdo con el auto del magistrado, el jefe del Ejecutivo valenciano recibió los trajes a cambio de adjudicaciones a la empresa de la trama entre 2005 y 2009 por valor de unos cuatro millones de euros. Camps, quien ha venido defendiendo su inocencia desde que saltó el escándalo, afirmó en una sesión de control parlamentario el mes pasado que tenía unas "ganas locas, locas" de explicarse y de certificar ante el juez que no hay "nada de nada" del supuesto delito de cohecho que se le atribuye. El presidente valenciano aseguró que se trataba de un montaje político y pronosticó que pronto se sabría "la verdad".

En función de cómo avance el caso Gürtel el PP estudia adelantar las elecciones o relevar en el cargo a Camps. Uno de los nombres que suenan con más fuerza en caso de producirse ese cambio es el de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuyo número dos, Álvaro de la Cruz, adjudicó dos actos a Correa. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), concedió a una de las empresas de la trama, Special Events, la celebración de sus asambleas generales en 1999 y 2003, operación que costó 800.000 euros.

El sastre: "Camps me llamó entre 40 y 50 veces"
Durante su declaración ante la policía, según consta en uno de los tomos del sumario, José Tomás García, ex director de ventas de las tiendas Forever Young y Milano, recibió en varias ocasiones llamadas telefónicas del presidente valenciano, Francisco Camps. El sastre mostró a los agentes la pantalla de su móvil, donde se podía leer "CAMS [sic]" y el teléfono del dirigente popular. Ninguna de las seis llamadas que recibió en ese momento fueron contestadas.

El domingo 8 de febrero, tras insistir reiteradamente, Camps consigue que Tomás le coja el teléfono: "Me llamó a mi casa cuatro o cinco veces, la última a las doce menos algo de la noche. Me preguntó si alguien había pagado una factura de Milano, y yo le dije, 'no, no presidente, en Milano usted nunca ha comprado ningún traje, compró cuatro y los devolvió y punto'. Hasta entonces solo se había hablado de Milano. Yo me lo quité de encima como pude porque estaba muy nervioso. Luego, posteriormente, hasta el miércoles me estuvo llamando, calculo que entre 40 y 50 veces. Ya no le cogí el teléfono".

José Tomás se convirtió a primeros de febrero en una persona muy importante para el PP y para los dirigentes de la trama empresarial corrupta de Francisco Correa. Cuando la Fiscalía Anticorrupción fijó su mirada en José Tomás para aclarar algunas cuestiones relacionadas con la compra de trajes para diversos altos cargos del PP, el director de ventas habló con los clientes que le hacían los encargos, que eran directivos de empresas de la trama corrupta.

Uno de esos directivos, Pablo Crespo, le pidió que cuando acudiera a la fiscalía lo hiciera con un abogado de ellos y le dio el nombre. "Es un lince, y de los más prestigiosos que hay en España", le cuenta Crespo, según el relato del sastre a la policía. "Decliné la oferta, no me pareció adecuado utilizar el abogado de otra persona que pudiera estar investigada", explicó Tomás.

El Bigotes: "Sigo respetando el secreto de sumario"
El presidente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, El Bigotes, ha comparecido también ante el TSJ, tras hacerlo Camps y Betoret. Pérez, quien ya declaró el pasado 12 de febrero ante Garzón, ha asegurado a la salida del tribunal: "Voy a respetar al tribunal y sigo respetando el secreto de sumario".

El Bigotes ha salido de la sede del tribunal a las 12.35 horas tras haber sido interrogado durante media hora por el magistrado que instruye la causa abierta en la Sala de lo Civil y lo Penal, José Flors.

Tras hacer estas breves declaraciones, Pérez, quinto y último imputado que ha declarado entre ayer y hoy por el caso Gürtel se ha marchado en solitario, aunque acompañado por una multitud de periodistas. Pese a que ya no quedaba nadie del medio millar de personas que ocupaban la acera y aledaños del Palacio de Justicia, Pérez ha sido increpado por un ciudadano mientras se marchaba con los gritos de "ladrón, ladrón" y "devuelve la pasta".

Según concretaba el auto de inhibición de Garzón, Camps acudía a Madrid a instancias de El Bigotes, para para adquirir ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabajaba como sastre el testigo José Tomás.

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Fuente: Diario El País

España: La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP

ÚLTIMO INFORME DE LA FISCALÍA SOBRE LOS NEGOCIOS ILEGALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido.

Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP.

El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá.

Eventos e inmuebles
El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero.

Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España.

Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores.

Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco.

Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año.

Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros".

El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación.

En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta.

El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron.

Fuente: Diario El País, España

España: El TSJM imputa al diputado Benjamín Martín Vasco

Garzón había acusado al ex portavoz parlamentario de cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a la red

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco por su implicación en la trama corrupta de dádivas y sobornos que salpica al Partido Popular en la que se investigan la comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad. Martín Vasco, que declarará mañana ante el TSJM, pasa a ser el segundo aforado madrileño imputado de manera formal en el procedimiento. El magistrado acusó la pasada semana al parlamentario autonómico Alfonso Bosch por participación en la trama encabezada por Francisco Correa y por los seis delitos genéricos de la causa.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido en rueda de prensa desde Génova que el Comité de Derechos y Garantías del partido está estudiando la suspensión de militancia de Martín Vasco. "Cada tema es distinto, hay que estudiar caso por caso" ha afirmado Cospedal quien además ha considerado que la "solidez" de las imputaciones las demostrarán los tribunales. La secretaria general popular ha aprovechado las preguntas de la prensa para volver a criticar la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Más de 400.000 euros de la red
El tribunal atribuye a los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor la percepción "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas relacionadas" con Correa. En el auto de inhibición, Garzón acusó a López Viejo, Martín Vasco y Bosch de haber cobrado 1,2 millones de euros (437.166 para Martín Vasco) en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas a las empresas lideradas por el cerebro de la trama. El juez les imputó delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.

Martín Vasco presentó el pasado 2 de abril su dimisión como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid para que su implicación en la Operación Gürtel no perjudicara al Grupo. Dos semanas antes, el diputado madrileño había renunciado a la presidencia de la comisión sobre el espionaje en el Ejecutivo regional.

Según recogen las conversación grabadas a Isabel Jordán, una de las imputadas, Martín Vasco recibió 30.000 euros de las empresas relacionadas con Correa, cabecilla de la trama de corrupción investigada por la Audiencia Nacional. El juez Pedreira recogerá testimonio también mañana de uno de los encarcelados por la trama de corrupción, el ex secretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo.

Fuente: ELPAÍS.com / EUROPA PRESS - Madrid - 04/05/2009

España: Torres califica como corrupción el nepotismo que se practica en las administraciones públicas

España,13 noviembre.- Era la primera vez que el ex instructor de la operación ´Malaya´ y actual titular del juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, hablaba sobre el fenómeno de la corrupción en la capital. Y no defraudó a nadie. En unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Social (ISEL) en el Ateneo, el magistrado afirmó que la corrupción no va ligada exclusivamente a la licencia de obra: "Nos olvidamos de otras formas de corrupción de las que no se habla o no se persiguen: los concursos y las adjudicaciones de obras, la malversación de caudales, los concursos de personal, la utilización de medios públicos para fines privados y los gastos excesivos en la administración, como se ha puesto de manifiesto últimamente".

Fuente: Laopiniondemalaga.es

España: El Partido Popular blinda a sus sospechosos de corrupción

España,2 noviembre.- Saltaron todas las alarmas. Hace unos días se puso el grito en el cielo al estallar la noticia de que el PP de la Comunidad Valenciana había incluido en la reforma de sus Estatutos una cláusula que blindaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Pero lo cierto es que ésta medida no era ni más ni menos que una copia literal de la que actualmente figura en el reglamento nacional.
En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que "dentro de su compromiso ético con la sociedad" el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".

Fuente: Público.es

España :La juez envía a prisión al alcalde de Bigastro por corrupción urbanística

España,31 octubre.- La juez decretó ayer el ingreso en prisión del alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, por corrupción urbanística. En concreto, la juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, imputa al regidor los delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales, falsedad documental, prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Todas estas ilegalidades se derivan de operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio con el objetivo de levantar naves industriales.

fuente: El País.com

España: El PP pide "prudencia" ante los presuntos casos de corrupción en Baleares y Canarias

España,7 octubre.- Después de que la trama de corrupción en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib) haya salpicado al ex 'conseller' de Comercia, Industria y Energía Josep Juan Cardona, y que la Fiscalía Anticorrupción pida una investigación por un presunto caso de cohecho, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, pidió "prudencia" y que no se "tomen decisiones drásticas". Mientras, el Comité Ejecutivo del PP de Ibiza y Formentera aprobó por unanimidad que Cardona siga al frente de la formación, al considerar "muy precipitado" pedir su dimisión sin que tercie una decisión judicial.

Fuente: europasur.es

España: El PP balear exige a Matas que aclare los casos de corrupción

España, 7 octubre.- Las aguas están revueltas en el PP de Baleares. Después de que hayan salido a la luz en los últimos meses hasta tres casos de corrupción política en los que están implicados altos cargos del anterior Gobierno de Jaume Matas, el presidente del Comité de Ética del PP balear, Román Piña Homs, consideró que el ex jefe del Ejecutivo autonómico debería comparecer ante este órgano para ofrecer explicaciones. La presidenta del PP insular, Rosa Estarás, se expresó de forma contundente: "No pondría la mano en el fuego por ninguno de los míos después de 20 años de experiencia política".

Fuente: Heraldo.es

España: Las acusadas en la trama de corrupción escondían en el dinero en su jardín

España, 5 octubre.-La juez Piedad Marín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Palma de Mallorca, decretó el sábado por la noche el ingreso en prisión sin fianza de uno de los principales acusados por la Fiscalía en el caso de la presunta trama de corrupción que se habría desarrollado en el Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) entre 2003 y 2007, en concreto, del ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene, a quien se le imputa la supuesta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude a la Administración, delitos que Viaene negó el sábado haber cometido.

Fuente: ABC.es

España: Detenido en Valencia un empresario por la trama de corrupción en Palma

España,4 octubre.- La Policía ha detenido en Valencia al empresario Francisco G.C. por su presunta implicación en la trama de corrupción en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), por la que ya han sido detenidos la ex gerente del organismo, Antònia Ordinas, y el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene.

Según han confirmado fuentes de la investigación, Francisco G. C. es el administrador de la empresa valenciana NTC Consultores, que habría tenido algún tipo de relación comercial con el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, actualmente en situación de detención judicial durante 72 horas.

Fuente: La Vanguardia.es

España: Siete de cada diez países suspenden en corrupción

España,24 septiembre.- Siete de cada diez países suspenden si se valora la honestidad de sus funcionarios y políticos, y la tendencia es que la corrupción va a peor en Estados como Reino Unido o Noruega, donde la transparencia de las administraciones se da por supuesta.
Ésta es la conclusión del último informe de la organización Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción, basado en entrevistas a expertos y empresarios de 180 países. "La corrupción a escala mundial no mejora, empeora. Es desalentador que incluso los países occidentales no puedan atajarla", confesó ayer Antonio Garrigues Walker en la presentación del estudio en la Fundación Ortega y Gasset.

Fuente: El Pais.com

España: Marbella se ha personado en 110 casos judiciales por la corrupción

España, 2 septiembre.- Quien considere que Marbella ya ha limpiado su pasado de corrupción sistemática y despilfarro se equivoca. Y si no que se lo digan al Ayuntamiento de la ciudad, que recientemente ha sacado a concurso público su representación jurídica por 432.000 euros, un ajustado presupuesto, para personarse o defenderse en los 110 procesos judiciales en los que aparece como querellante, querellado, demandante o demandado (en el caso de la jurisdicción civil).

Fuente: laopiniondemalaga.es

España: La trama corrupta balear dejó otro agujero de 1,8 millones

La corrupción en el seno del Consorcio de Turismo Joven durante el anterior Gobierno balear de Jaume Matas (PP), destapada por la Fiscalía Anticorrupción, pasó una carísima factura en forma de deuda millonaria. Los investigadores definen la situación económica del consorcio como "de quiebra técnica", y los actuales gestores recuerdan que el departamento necesitó, en reiteradas ocasiones, la aprobación de partidas extraordinarias para sufragar los gastos. El vaciado de las arcas públicas, supuestamente dirigido por el entonces jefe de Servicios y Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, afectó de lleno a la gestión de los proyectos, programas e instalaciones que dependían directamente de la entidad. Entre ellos, la organización y financiación de viajes de estudios en el extranjero, las rutas internacionales y también el circuito de albergues.

Fuente: El País.com

España:Ingresa en prisión el principal acusado en la trama de corrupción del Gobierno de Matas

España,18 Agosto.-El juez Antonio Rotger dictó ayer prisión provisional sin fianza para el principal implicado de la presunta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Jove del anterior Gobierno balear, el ex jefe de Mantenimiento Juan Francisco Gosálbez, ya ex miembro del PP. El ex director general de Juventud en la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez, quedó en libertad sin fianza pero con cargos de malversación de fondos y falsificación documental tras prestar declaración durante tres horas y después de un registro de dos horas en su domicilio, confirmó su abogado. La tercera persona detenida e imputada, la ex pareja sentimental de Gosálbez, María Auxiliadora Pérez, quedó en libertad con cargos y fue la primera en salir de los juzgados, en torno a la 01:00 de la madrugada.

Fuente: diariodecadiz.es