ÚLTIMO INFORME DE LA FISCALÍA SOBRE LOS NEGOCIOS ILEGALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido.
Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP.
El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá.
Eventos e inmuebles
El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero.
Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España.
Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores.
Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco.
Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año.
Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros".
El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación.
En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta.
El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron.
