Si se pretende solicitar la nulidad del contrato de compra - venta hecha por la Municipalidad de Nuevo Chimbote con la inmobiliaria Urbi Propiedades, primero se deberá abonar la astronómica cifra de 300 mil soles a "una entidad bancaria de primer nivel". Así lo señalan los documentos que han firmado ambas partes y que ya están inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
El dinero le será devuelto al interesado por el Tribunal Arbitral (formado por un representante de la comuna sureña, uno de la empresa del banco Interbank y un tercero que acuerden los dos primeros) solo si se obtiene una respuesta favorable.
Todas estas cláusulas literalmente le han puesto un candado a una transacción económica que ha sido cuestionado por varios detractores del alcalde Valentín Fernández.
Opinión. El abogado Alex Quiñónez refiere que el contrato de compra - venta tiene una serie de irregularidades. "De acuerdo con el registro hecho ante la Sunarp si la municipalidad y la empresa no se ponen de acuerdo para elegir al tercer miembro del Tribunal Arbitral, la Cámara de Comercio de Lima pondrá a su representante. ¿Porqué alguien de Lima si los terrenos están en Chimbote"?, argumenta Quiñónez.
También manifiesta que el precio de 2 millones 900 mil soles que pagó "Urbi" por los 915 mil metros cuadrados de terrenos, ubicados frente a la urbanización Buenos Aires, tenía que haber sido mayor.
Piden apoyo, sin éxito
Un numeroso grupo que pretende invadir los terrenos de Urbi Propiedades ha protestado frente a la Municipalidad Provincial del Santa, logrando que dos de sus dirigentes, el cuestionado locutor Juan Espinoza y el abogado Alex Quiñónez, pidan apoyo a las autoridades que se reunían en el pleno del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Corposec). La intención no tuvo éxito porque los miembros del Coprosec manifestaron que la controvertida venta de las 91 hectáreas por parte de la comuna sureña a la citada empresa está en manos del Poder Judicial y esta entidad debe resolverla.
Dudas sobre proyecto
Alex Quiñónez pone en duda la ejecución del proyecto integral de Urbi Propiedades, pues indica que el Contrato de Desarrollo Inmobiliario no ha sido inscrito ante la Sunarp. "La empresa solo hará lo que dice el contrato, y este no especifica que se construirán tiendas o viviendas.
El alcalde (Fernández) ha incurrido en una falta al no anexar el contrato de desarrollo inmobiliario, a pesar que ese ha sido un acuerdo de consejo", afirma. El abogado también indica que la hectárea de terreno que se le ha dado al Poder Judicial, no figura en el contrato con "Urbi".
