Recluyen en Castro Castro a Alberto Salas, ´chuponeador´ de BTR

Ya se encuentra recluido en el penal Castro Castro el técnico de telefonía Alberto Salas, procesado junto a un grupo de marinos y civiles por presuntas acciones de espionaje a través de la empresa Business Track (BTR).

Salas Cortes fue capturado el último viernes por agentes de la Polícia Nacional en mérito a una orden de detención que se dictó en su contra cuando se le inició esta investigación judicial.

En las próximas horas la jueza María Martínez, a cargo de este proceso, estará programando la fecha en la que Alberto Salas deberá rendir su declaración instructiva en torno a este caso.

Según la Fiscalía, Salas Cortes intervino en la interceptación de las comunicaciones telefónicas del ex ministro aprista Rómulo León Alegría y el ex director de Perupetro Alberto Quimper, que desencadenó en el escándalo de los "petroaudios".

El técnico era buscado hace un año bajo los cargos de interceptación telefónica, violación de la correspondencia y asociación ilícita para delinquir. Conocido como "El Negro", Salas fue puesto a disposición del 34 Juzgado Penal de Lima.

Fuente: RPP

Allison deslinda vinculación con Bussines Track

Ministro Allison aseguró no haber incurrido en delito. Sostuvo que recibos a su nombre, cobrados a BTR, fueron declarados a la Sunat. Asimismo dijo contar con el respaldo del presidente García.

El titular de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francis Allison, negó haber tenido vinculaciones extra profesionales con la empresa Bussines Track (BTR), empresa responsable del “chuponeo”, que ocasionó la caída del gabinete de Jorge del Castillo.

El actual Ministro de Vivienda sostuvo que no incurrió en delito, pues los recibos que emitió, como asesor, para BTR fueron declarados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat).

“Los recibos han sido declarado a la Sunat, nadie que declara a la Sunat va cometer delitos” aseguró esta mañana.

Como se recuerda, siete recibos entregados entre el 28 de enero y el 25 de junio del 2008, cuyos montos oscilan entre los 8 mil 500 y los 9 mil 500 soles, y que en total suman 62 mil 700 soles en seis meses, fueron encontrados por la Jueza María Martínez durante la revisión de parte de la documentación de BTR.

El ex alcalde de Magdalena señaló también que durante su periodo de burgomaestre distrital BTR “jamás trabajó para la municipalidad”.

Mantuvo que esta información solo buscaría mellar su imagen debido a su accionar en el proceso de reconstrucción en el sur que viene dirigiendo a cargo del Forsur.

“Ese juicio tiene un año, basta de que alguien quiera reconstruir el sur y salen estas cosas (…) Las posibilidades de gente que quiere el ministerio son muchas”, argumentó durante una entrevista en A primera hora.

Allison Oyage aseguró contar con el respaldo del presidente Alan García y tener “relaciones cada vez más estrechas con el partido” de gobierno.

En la víspera, fuentes cercanas al ministro señalaron que los recibos hallados serían parte del ejercicio profesional de Allison, quien es abogado penalista. Indicaron que como alcalde no tenía prohibido el ejercicio de la profesión, y agregaron que los hechos ocurrieron antes de que se conozca la responsabilidad de Bussines Track en la interceptación telefónica.

Fuente: Diario La República

Evalúan denunciar penalmente a Allison por sus vinculaciones con BTR

El Partido Nacionalista Peruano evalúa citar al Congreso o denunciar penalmente al ministro Francis Allison, esto a consecuencia de la denuncia en su contra que lo vincula con la empresa “Business Track”, afirmó Freddy Otárola.

En ese sentido demandó una investigación exhaustiva al respecto y dijo que harán todo lo posible para que este hecho vaya hasta las últimas consecuencias.

“Estamos evaluando si va al Congreso o si presentamos adicionalmente denuncias penales (contra el ministro de Vivienda Francis Allison), pero para eso vamos a evaluar la magnitud de la información”, aseguró congresista nacionalista en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

“Por supuesto que vamos a pedir una severa investigación, pues no vaya a ser el triunfo de los carteristas y de los chuponeadores. Evidentemente nosotros vamos hacer todo lo posible para que esto vaya hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Esto en referencia a la información publicada en el diario La República que señala que el actual titular de la cartera de Vivienda y Saneamiento, recibió 62 mil soles por asesorías a la empresa Business Track, principal empresa investigada por ‘chuponeo’.

Otárola Peñaranda calificó como gravísima la reciente denuncia contra el también presidente ejecutivo de FORSUR y dijo que daría la impresión que existe una especie de compensación por parte del gobierno aprista, a las personas involucradas con la empresa Business Track.

“No vaya a ser que el Apra esté compensando a quienes atentaron contra la democracia como lo han demostrado periodistas como Gustavo Gorriti. Ellos (miembros de BTR) tuvieron la misión fundamental de espiar y chuponear, a Lourdes Flores Nano y a Ollanta Humala”, precisó. (Con información de Ideeleradio)

Fuente: Diario La República

Levantan secreto bancario

El presidente de la comisión parlamentaria que investiga la existencia de una red de espionaje telefónico, Oswaldo Luízar, reveló ayer que se ha levantado el secreto tributario y bancario a dos empresas privadas involucradas en actividades ilícitas de “chuponeo”, pero no quiso dar los nombres para no entorpecer las investigaciones.

Informó que en la reunión que sostuvo el martes con la jueza María Martínez, encargada del caso, llegaron al acuerdo de cruzar información de interés para ambas partes, y dijo estar seguro que ese intercambio pondrá en evidencia más responsables en el caso.Agregó que la Sunat investiga también, a solicitud de su grupo de trabajo, a un grupo de 23 personas que conformarían la red de espionaje telefónico, que dio origen a los “petroaudios”.

Hoy podrían reunirse los integrantes de la comisión Luízar para evaluar la reunión que sostuvieron con la jueza Martínez y fijar la fecha y hora de la toma de declaraciones de los implicados en el caso.

Fuente: Diario La Primera

Exigen sanción para los ‘chuponeadores’

Ministra de Justicia, Rosario Fernández, reclama al Poder Judicial. El proceso de la verificación del material informático incautado a los ocho procesados podría durar hasta 12 meses.

La ministra de Justicia, Rosario Fernández, exigió al Poder Judicial imponer sanciones drásticas a quienes incurrieron en delito de interceptaciones de las comunicaciones. Esto al comentar el ‘chuponeo’ del que fue objeto el presidente Alan García y su familia, en el 2000.

Precisó que corresponderá al Poder Judicial investigar este hecho a profundidad y sancionar ejemplarmente a los culpables.“La intimidad es un derecho fundamental, así como el derecho a las comunicaciones personales. Esta es una ocasión en que la justicia va a poner a prueba nuevamente su eficacia, castigando a los responsables con una sanción ejemplar para que sirva como antecedente y evitar que se repitan estas prácticas”, precisó la ministra.

Rosario Fernández comentó así la información periodística que revela que durante las audiencias de visualización del material incautado a la empresa Business Track se encontraron correos electrónicos del presidente García dirigidos a sus familiares en el año 2000. Eso evidenciaría que desde esa época los procesados realizaban interceptaciones.“Ya existe un proceso abierto; sin embargo, cuando un proceso penal se abre, pueden ocurrir situaciones como estas, en las cuales aparecen investigaciones adicionales”, refirió Fernández. Estos correos electrónicos fueron encontrados en el material incautado al procesado Jesús Ojeda.

Doce meses de visualización

El perito especial designado por la jueza ad hoc María Martínez Gutiérrez para la visualización del material de Business Track y los ocho procesados les indicó en audiencia que el trabajo de revisión de archivos, por su abundancia, tendría una duración no menor de 12 meses, al ritmo que tiene ahora. Esto es, audiencias diarias a jornada completa.

Ese tiempo excedería el plazo dado por la jueza para la investigación de la interceptación telefónica. Por eso, la magistrada evalúa declarar ‘complejo’ este proceso judicial. Hasta el momento solo han revisado el material de Jesús Ojeda Angles.

Por lo pronto, se conoció que la Fiscalía Especial ha pedido declarar ‘complejo’ el proceso a fin de tener hasta 18 meses para terminar con la investigación. A este pedido, además, se ha adherido el procurador Jaime Vales.

Fuente: Diario La República

Se compartirá pesquisas del 'chuponeo'

ACUERDO EN CIERNES
Ayer se reunieron dos miembros de la comisión del Congreso con jueza Martínez

Mañana jueves la comisión del Congreso que investiga el ilegal “chuponeo” telefónico acordaría entregar parte de la información conseguida en sus pesquisas a la jueza María Martínez, del Juzgado Penal 34 de Lima. Ella desde hace seis meses ha iniciado un proceso de investigación jurisdiccional sobre el mismo tema.

Tal fue el acuerdo conseguido ayer por los congresistas miembros de este grupo de trabajo, Oswaldo Luizar (Bloque Popular) y Walter Menchola (Solidaridad Nacional), con la jueza Martínez, durante una reunión de casi una hora que empezó a las 8:00 a.m., y a puertas cerradas.

RESERVA DOCUMENTAL

Luizar dijo a El Comercio que la jueza Martínez también se habría comprometido a compartir información judicializada sobre la investigación del “chuponeo” telefónico con la comisión parlamentaria.

Por razones obvias del proceso judicial en sí, el también presidente de la comisión parlamentaria investigadora se excusó de entrar en mayores detalles sobre el particular.

Empero aclaró que este intercambio de información clasificada sobre el proceso de investigación, que se lleva a cabo en el ámbito parlamentario y judicial respecto al ilegal “chuponeo” telefónico, ocurre sin que ello implique la interferencia a los espacio de ambos poderes públicos.

PARA RECORDAR

El 27 de mayo el pleno del Congreso aprobó dar 180 días más de plazo a la comisión Luizar. La prórroga fue acordada con 52 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones.

En el informe preliminar de este grupo de trabajo se señala que existen indicios “razonables” para afirmar que el ilegal “chuponeo” telefónico es realizado por “grupos especializados en inteligencia”.

Fuente: Diario El Comercio

Hoy se reanuda peritaje de los materiales incautados a BTR

JUEZA DEBERÁ MOSTRAR LICENCIA DEL SOFTWARE

César Vega Vega dice que se debe dar la máxima pena a los culpables del “chuponeo”

Hoy a las 9 a.m. la jueza María Martínez deberá reanudar la diligencia de revisión de los bienes incautados al marino Jesús Ojeda, la misma que se suspendió el último domingo.

Fuentes del Poder Judicial indicaron que esta vez la magistrada sí mostrará la autorización para usar el software “Encase neutrino for encase forensic” que se ha adquirido para poder realizar el peritaje. Si no se presenta la licencia, como exigen los abogados de los acusados, se tendría que volver a suspender la diligencia.

Consultado sobre este entrampamiento del proceso debido a que hasta ayer no se había podido acreditar la legitimidad del software, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, precisó que la encargada de ese tipo de adquisiciones no era su oficina sino la gerencia general de la Corte Suprema, pero descartó que el programa informático pudiera ser falso.

“Si fuese así, como se está sugiriendo, sería una gravísima responsabilidad”, agregó.

En cuanto a la lentitud con la que están avanzando tanto el caso del “chuponeo” como en el llamado “petroaudios”, Vega Vega sostuvo que él había “convocado y exhortado” a los jueces Jorge Barreto y María Martínez para que actuasen “con celeridad y transparencia en estos casos que concitan el interés nacional”.

El magistrado atribuyó parte de la demora a que el caso BTR, por ejemplo, pasó de la vía sumaria a la ordinaria y a que no se ha podido zanjar el tema de los peritos informáticos pues estos cobran entre 50 mil y 60 mil soles.

Finalmente, Vega rechazó aquellas versiones que dicen que él no está interesado en que el Caso BTR avance. Dijo que es todo lo contrario. “Que se descubra a los responsables y se les aplique la máxima pena, así sea la más alta autoridad del Perú… La sanción debe ser ejemplar”, afirmó.

Fuente: Diario El Comercio