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18 de julio de 2008

España: El edil que denunció la corrupción es el nuevo alcalde de Estepona


El concejal socialista que denunció la presunta trama de corrupción existente en el Ayuntamiento de Estepona gobernado por su propio partido es desde ayer el flamante alcalde de la localidad costera, tras el ingreso en prisión provisional del ex regidor Antonio Barrientos.

El nombramiento de David Valadez fue toda una sorpresa, pero consiguió el apoyo de 11 de los 22 concejales presentes en un pleno frenético (con seis ediles y el propio secretario imputados y dos concejales en la cárcel José Ignacio Crespo y Manuel Reina del PES), tenso y muy caluroso en el que Estepona se jugaba su futuro para los próximos tres años.

Fuente: diariodesevilla.es

16 de julio de 2008

España: El alcalde accidental de Estepona, acusado de corrupción

El alcalde accidental de Estepona (Málaga), Rafael Montesinos (PA), prestará declaración pasado mañana como imputado en el caso Astapa contra la corrupción, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, ha citado a declarar al regidor en funciones a las 11.00 horas, en el marco de las quince comparecencias que por este caso tendrán lugar entre mañana y el lunes.


Fuente: Laopinióncoruña.es

8 de julio de 2008

'Limpia' en Estepona: despiden del Ayuntamiento a dos encarcelados por el caso 'Astapa'

El concejal de Personal en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), David Valadez (PSOE), dio esta mañana las órdenes oportunas para proceder al despido del hasta ahora jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, así como del técnico Javier Wittmeur. Ambos se encuentran en prisión incondicional sin fianza en el marco de la operación 'Astapa', contra la presunta trama de corrupción existente en el Consistorio.



Fuente: EcoDiario.es

La Junta se persona como acusación popular en el caso 'Astapa'

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, la Junta considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en dicho proceso suponen una 'afectación' de los intereses generales de la Comunidad Autónoma.

También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.

Fuente: Portal de Noticias Terra