Abogado denuncia que equipos de BTR fueron deslacrados irregularmente por jueza.
Autor: Zarella Sierra Peralta
Mientras el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, continúa defendiendo a capa y espada la actuación de la jueza provisional María Martínez –a cargo del Caso Business Track (BTR)– y del juez anticorrupción Jorge Barreto –bajo cuya conducción está el proceso penal a Rómulo León y Alberto Químper–, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, comparte la preocupación de un gran sector de la población por la dilación para llevar adelante ambas investigaciones.
Autor: Zarella Sierra Peralta
Mientras el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, continúa defendiendo a capa y espada la actuación de la jueza provisional María Martínez –a cargo del Caso Business Track (BTR)– y del juez anticorrupción Jorge Barreto –bajo cuya conducción está el proceso penal a Rómulo León y Alberto Químper–, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, comparte la preocupación de un gran sector de la población por la dilación para llevar adelante ambas investigaciones.
En conversación con Perú.21, el vocal señaló que días atrás convocó a ambos magistrados a su despacho para solicitarles mayor celeridad en las referidas investigaciones y, además, para pedirles un informe sobre el por qué de la demora en ambos casos para obtener un resultado concreto en las indagaciones.
“He conversado en reiteradas oportunidades con la jueza Martínez y con Barreto. Comparto la preocupación de los diversos sectores sobre la demora en los casos pero, lamentablemente, más allá de pedirles celeridad en sus investigaciones y darles el apoyo logístico, no puedo hacer más pues cada uno es responsable de su investigación”, refirió Vega.
BTR A PASO DE TORTUGA. Si la jueza Martínez hubiera seguido el cronograma de diligencias que ella misma elaboró, ya se habrían terminado de revisar los equipos incautados al oficial de mar (r) Jesús Tirado Seguín y, este lunes, debería ser la última audiencia para revisar el material de cómputo confiscado al oficial Martín Fernández Virhuez.
Sin embargo, la magistrada recién ha logrado instalar a las computadoras que utilizará para estas diligencias, el software adquirido por la gerencia general del Poder Judicial, cuya autenticidad no se ha podido corroborar a la fecha pese a los pedidos de los abogados de los investigados, a quienes el presidente del Poder Judicial ha responsabilizado de obstaculizar las diligencias programadas.
El abogado Daniel Maurate, a cargo de la defensa del oficial de mar Jesús Ojeda Angles, informó a este diario que “la jueza se ha demorado en instalar el software que se va a utilizar para las diligencias. El fin de semana se ha terminado de instalar el programa al disco duro de la computadora y, en respuesta a lo que se ha dicho (respecto de las maniobras dilatorias de los abogados) debo decir que, al menos la defensa de Ojeda, está actuando de buena fe”, refirió.
Además, el letrado denunció que la jueza abrió sin la presencia de los abogados los equipos incautados a los socios y empleados de BTR, quienes habrían participado en la interceptación telefónica a León y a Químper. “Los bienes y equipos se han deslacrado en nuestra ausencia, entonces a todas luces la prueba se ha viciado, pero no pretendemos hacer cuestión de estado del tema”, indicó Maurate.
Esta versión fue corroborada por una fuente de la Fiscalía que indicó que la jueza Martínez abrió las cajas que contenían los equipos incautados el día que el fiscal Walter Milla se los devolvió. Esto consta en el acta que el representante del Ministerio Público pidió redactar a la jueza por no encontrarse conforme con esta revisión irregular.
DESDE ENERO. El panorama que se presenta en el caso de los 'petroaudios’ –que reveló los negociados de León Alegría y Químper para favorecer a la Discover Petroleum y que determinó la caída del Gabinete que encabezaba Jorge del Castillo– tampoco es muy prometedor.
De hecho, desde enero pasado esa investigación judicial está prácticamente paralizada debido a que el juez Barreto aún no consigue los recursos económicos para contratar a los peritos que revisarán la computadora del ministro de Pesquería del primer gobierno aprista. En tanto, Rómulo León –el único investigado detenido– gestiona a través de recursos legales su libertad.
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