Tribunal constitucional tiene en sus manos corregir artículos de Ley de Carrera Judicial. Ahora se considera como falta grave que magistrados informen a la prensa sobre sus procesos judiciales en trámite.
Ana Véliz.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, indicó que la denominada “ley mordaza” que impide a los jueces dar algún tipo de declaraciones, ya se encuentra vigente dentro de la Ley Nº29277, la misma que regula la carrera judicial. Sin embargo, afirmó que los magistrados seguirán luchando “contra esa absurda prohibición” y otros aspectos de la referida norma que consideran inconstitucionales.
“La Fiscal de la Nación ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de Carrera Judicial. Esa demanda no se puede parar. Será el Tribunal Constitucional quien regule en su momento la norma. Nosotros seguiremos luchando por lo que creemos correcto”, precisó.
“Nosotros estamos cuestionando la denominada “Ley mordaza”, que viola nuestro derecho constitucional de libertad de expresión. El juez no puede defender sus acciones ni defenderse cuando tenga un abultado número de críticas”, lamentó Villa Stein.
“Ahora el juez debe hablar mientras no implique un adelanto de opinión del proceso que tenga bajo sus jurisdicción”, explicó, aunque dijo confiar en que se aceptará modificar la ley, y que así esta prohibición a declarar quedaría en nada.
El secretismo
La Ley de Carrera Judicial contempla dos tipos de restricciones a la libertad de expresión e información de los jueces, en su artículo 47 y los considera falta grave.
Inciso 5. “No guardar discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de las leyes vigentes requieran reserva”.
Inciso 6. “Comentar a través de cualquier medio de comunicación aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso”. Para la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, estos dos incisos no solo violan el derechos de expresión sino el derecho de información de la ciudadanía de tener una información veraz de los hechos.
“Es una limitación irrazonable, una restricción demasiado amplia que no se condice con las labores de administración de justicia”, dice Echaíz en su demanda ante el TC.
45 días más
De otro lado, el Presidente de la Corte Suprema saludó la suspensión por 45 días de la entrada en vigencia de los artículos de dicha Ley, referidos a la evaluación parcial cada tres años y medio de todos los jueces.
“Somos los más interesados de que exista una evaluación permanente a fin de buscar la excelencia en el trabajo de los jueces”, anotó.
Añadió que ha conformado una Comisión presidida el Vocal Supremo , César San Martín Castro, quienes ya empezaron elaborar las alternativas que serán sometidas primero a la Sala Plena de la Corte Suprema, y luego puestas a consideración del Congreso.
El dato
En contra. El Decano del CAL, Walter Gutiérrez, afirmó que mientras el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la tacha de inconstitucionalidad presentada por la Fiscalía, la Ley de Carrera Judicial debió entrar íntegramente en vigencia. Por lo que consideró un retroceso que solo se promulgara en parte. Afirmó que con ello se corre el riesgo que nunca se efectúen evaluaciones a los magistrados.
Análisis
“Se viola el derecho a estar informado”
César Hinostroza P. Presidente de Corte superior del Callao
“En principio, saludo la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Judicial en general, pero es necesario hacer observaciones sobre algunos artículos incompatibles con la Constitución, como el que atenta contra la libertad de expresión de los jueces. La Fiscal de la Nación ha presentado una acción de inconstitucionalidad que será vista por el TC y esperamos que corrija el error. Se está violando el derecho de la población de estar informada, con responsabilidad, de lo que pasa en el Poder Judicial, y eso origina un desprestigio del sistema, pues solo se tendrá información sesgada. El juez no puede expresar sus ideas, brindar conocimientos y, de ser el caso, defenderse de informaciones tendenciosas. Simplemente diremos que no podemos hablar pues, si no, nos abren proceso disciplinario”.
Fuente: Diario La Repùblica
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