OCMA encubre a magistrado prevaricador en el grave caso de Lima Airport Partners (LAP).
Entre malos jueces y secretarios se cubren las espaldas. Es lo que se desprende del contenido de la resolución Nº 19, de la unidad de investigación y anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), del 10 de junio de 2009, sobre el caso del juez del Callao que emitió dos resoluciones opuestas sobre el mismo caso, admitiendo inicialmente el trámite de demanda de nulidad de acto jurídico, referido al contrato de la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, y rechazando con el mismo número de resolución (Nº 12) unos días después la demanda y mandándola al archivo, que ha concluido en primera instancia eximiendo de responsabilidades al juez Hugo Garrido Cabrera y a su asistente, Carlos Rodríguez Rosales, descargando toda la responsabilidad en la especialista legal Franca Arena Alvarado que firmó las notificaciones.
Este caso que debería figurar en algún récord de procedimientos corruptos, determinó en su momento que los demandantes apelaran ante la Corte Superior del Callao que por elemental criterio ha anulado la resolución 12, en su versión final que pretendía ser la que mantenía efectos jurídicos, ya ha devuelto la causa para revisión. Pero en paralelo se inició un reclamo sancionador en la OCMA para que los involucrados en esta irregularidad clamorosa fueran severamente castigados. En su defensa en esta instancia, el “valiente” juez Garrido Cabrera ha presentado dos argumentos inverosímiles: (a) que él había pensado en un comienzo dar por admitida la demanda y por eso redactó una fundamentación que aparece en la primera resolución Nº 12, pero que luego de un nuevo examen decidió rechazarla y redactó el segundo fallo con el mismo número, que como bien anota la Primera Sala Civil que lo anula, carece precisamente de fundamentación, o sea que se convierte en un mero capricho del magistrado; (b) que él no firmó la notificación de la primera versión, sino sólo la segunda, lo que carece de todo sentido porque la ley autoriza a los especialistas legales a actuar como secretarios en las notificaciones.
