Aliaga Atiaja pretendió cobrar doscientos soles a la consejera regional de Tumbes, Paola Ramírez Medina, quien se encuentra en un litigio familiar con su esposo, a fin de favorecerla judicialmente.
Fuente: Diario La República
En una sesión reservada, la congresista aprista acusada de la contratación de un trabajador fantasma votó a favor de su causa. Los votos en contra (del Apra) y las abstenciones terminaron por salvarla
Todo parecía indicar que Tula Benites tenía las horas contadas en su curul. Sin embargo, el pleno del Congreso rechazó la acusación constitucional contra la congresista aprista sobre quien pesaban los presuntos delitos de peculado, colusión y falsedad genérica, por la contratación irregular de un trabajador en su despacho.
La denuncia fue desestimada en la medida que no alcanzó el número de votos que se requería para su aprobación (48 en total descontando a los miembros de la Comisión Permanente). Al final solo votaron a favor de la acusación 39 legisladores, en tanto que 18 parlamentarios lo hicieron en contra y 17 congresistas se abstuvieron.
Fuente: El Comercio
Los documentos que el domingo pasado Andrés Manuel López Obrador entregó a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP) —PRD, Convergencia y PT— contienen una serie de convenios de prestación de servicio de transporte que Pemex Refinación celebró con la empresa Transportes Especializados Ivancar, en los que aparece la firma del hoy secretario de Gobernación.
Los contratos —cuyas copias tiene EL UNIVERSAL— fueron firmados por Juan Camilo Mouriño como apoderado general de la empresa, el 20 de diciembre de 2002, el 1 de septiembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2003.
Fuente. El Universal
Coyuca de Catalán, Gro. Andrés Manuel López Obrador calificó como vergonzosa la protección que los priistas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa ofrecen al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
En el primer día de gira por Guerrero, el político tabasqueño también reto al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a demostrar la legalidad de los contratos que firmó cuando fue diputado federal y posteriormente como jefe de asesores en la Secretaría de Energía.
Según un comunicado del llamado gobierno legítimo, López Obrador comparó la protección del priísmo al inquilino del Palacio de Covián al cobijo que brindaron al gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
Fuente : La Jornada
“Tengo más documentos y otros contratos, para que se haga una investigación a fondo en el sector energético, porque sostengo que Mouriño es traficante de influencias”, dijo hoy domingo, en su tercer día de recorrido por Guerrero.
Fuente:La Jornada
El ex ministro del Interior de México Manuel Bartlett, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró hoy "urgente" que el Congreso "investigue" por corrupción al ministro del Interior, Juan Camilo Mouriño, del partido de derecha Acción Nacional (PAN).
Fuente : AnsaLatina.com
Vásquez Bazán insistió en que si el gobierno tiene una verdadera voluntad de combatir frontalmente la corrupción, debería comenzar encargando a la zarina Carolina Lizárraga investigar al hijo del premier, Miguel del Castillo Reyes, así como al abogado Luis Nava Guibert y su hijo José Antonio Nava Mendiola.
El ex ministro de Economía del primer régimen aprista, César Vásquez Bazán, emplazó a la zarina anticorrupción, Carolína Lizárraga, a iniciar una acuciosa investigación sobre las irregulares actividades que vendrían realizando Luis Nava Guibert, secretario de Alan García, y su hijo José Antonio Nava Mendiola.
Denunció que al igual que los negociados con el Estado que estaría realizando el premier Jorge del Castillo, a través de su hijo Miguel del Castillo Reyes, el secretario del Mandatario se estaría valiendo de su hijo José Antonio Nava, a quien le va tan bien en los “negocios” que ahora camina con chofer y tres guardaespaldas.
Fuente : El Diario Internacional
Sin embargo, Ponce Mendoza reconoció que no tiene sentido pagar peaje por una obra inconclusa, al referirse a la denominada Vía Expresa de la avenida Faucett, aunque enseguida dijo que si se concluyera dicha obra, el público no se opondría a dicho pago.
En conferencia de prensa, el funcionario edil precisó que la municipalidad aún no ha tomado una decisión al respecto, pero que sería una alternativa proseguir con dicho cobro "pero justificando y acreditando que ese ingreso serviría para culminar la Vía Expresa chalaca".
Ayer dicho municipio aprobó un acuerdo de concejo mediante el cual dan un plazo de 15 días a la contratista Convial Callao para reiniciar las obras. De lo contrario, perderían la concesión y dicha vía pasaría al control edil.
Fuente :portal de noticias 24HorasLibre
Ex jefe de Inteligencia, general (r) Pauselino Latorre, lavó $ 2 mil millones de la mafia: Fiscalía
Cón él fueron detenidas otras 21 personas que traficaban con drogas hacia Estados Unidos, a través de Venezuela. El ex fiscal Leobardo Latorre, sobrino del general, formaba parte de la organización.
La operación fue adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos (Unaim) y agentes de la División de Investigación Judicial (Dijín) de la Policía.
La investigación nació en julio del 2006 cuando agentes antidrogas de Estados Unidos le notificaron a la Fiscalía sobre la existencia de esta organización que tenía sus laboratorios en el sur de Bolívar y Norte de Santander.
Mañana se vence el plazo que el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Félix Moreno, concedió al consorcio Convial para reiniciar las obras en la Vía Expresa del Callao, de lo contrario, la concesión se cancelará. Y debido a que hasta la fecha la empresa no ha retomado las construcciones por impedimento de terceros, el contrato se anularía.
Pero los recursos del municipio chalaco peligrarían debido a que producto de una adenda realizada al contrato en 2004 –en la que se puso como garantía para la ejecución de la obra los recursos del municipio– Convial Callao podría cobrar a la municipalidad más de 18 millones de dólares.
La vía expresa de la avenida Faucett ostenta un récord difícil de equiparar. Mientras en el mundo se cobra entre US$1 y US$1,5 por concepto de peaje por cada cien kilómetros de vía (a razón de un centavo por kilómetro), en el Callao se cobra S/.1,50 soles (unos US$0,5) por apenas kilómetro y medio de vía rápida.
Y no solo eso. También es la más rentable, pues en su primer año de funcionamiento recaudó alrededor de S/.15 millones frente a los S/.80 millones que recaudaron todas las carreteras del país por concepto de peaje y por las que se debe invertir un elevado monto en su mantenimiento.
Comenzaron a disparar acusaciones los implicados en el robo al Seguro Integral de Salud (SIS). El ex jefe de Administración del organismo, José Vega Díaz, declaró ante la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña que le entregó 500 mil soles en efectivo a su ex jefe, Julio Espinoza Jiménez, supuestamente como compensación por haber aprobado las compras ilícitas con el presupuesto de 14 millones que asignó el Ejecutivo para ayudar a los damnificados del terremoto.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, ha intentado calmar las aguas declarando desierta la compra de patrulleros (aunque no por ello salvaría su responsabilidad). Sin embargo, aún está pendiente que aclare las graves irregularidades que se habrían cometido en la compra de US$3.2 millones de municiones antimotín, exonerada de licitación por el propio ministro, y que han sido denunciadas por Perú.21 desde el 8 de agosto.
Fuente : PERU 21
Reportaje de Heidi Grossman de la Ventana Indiscreta sobre la compra de canales de televisión por Vladimiro Montesinos
martes, 27 de marzo , 2007 - 11:02:49
(RPP) La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por unanimidad, el informe final sobre la frustrada compra de 469 patrulleros para la Policía Nacional. Estableció que existen indicios razonables de una sobrevaloración, y también encontró responsabilidad penal en la ex ministra del Interior Pilar Mazzetti.
En el informe se concluye además que hubo una concertación de precios entre Gildemeister y Anjotech, con un perjuicio para el Estado de cuatro millones de dólares.
El presidente de dicho grupo de trabajo, Edgar Reymundo, informó que se han encontrado una serie de presuntos delitos, como la sobrevaloración de precios y la responsabilidad administrativa y penal.
Respecto a la ex ministra Mazzetti, Reymundo dijo ella habría cometido el delito de omisión de acto funcional, contemplado en el artículo 377 del Código Penal.
Sin embargo, el congresista Javier Velásquez Quesquén indicó que no se procedió a denunciar a la ex ministra Mazzetti, porque no se probó que tomara parte en la colusión desleal en la que incurrieron los funcionarios del Ministerio del Interior y de la empresa Gildemeister.
En el informe se encuentra responsabilidad penal de la ex jefa de la Oficina General de Administración (OGA), Gloria Vargas, entre otros funcionarios.
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