Esta misma semana podría quedar listo el proyecto de Ley de Contraloría Social que discute la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El instrumento que recibiría el tratamiento de ley orgánica, plantea la vigilancia, supervisión y control de todas las actividades públicas y privadas.Aparece como prioritaria en la agenda legislativa y desde el Ejecutivo se tiene la expectativa de que sea “una ley con dientes”. No obstante, su diseño ha causado ruido entre el equipo que participa en la redacción, pues el órgano rector de los contralores sociales invadiría atribuciones constitucionales de la Contraloría General de la República y, más recientemente, facultades legales de los Consejos Comunales.
El equipo de abogados de la Contraloría General, encabezado por Elizabeth Chacón, ha presentado algunas objeciones al borrador que alcanza 31 artículos. Protestan que los contralores perciban una remuneración por el trabajo y, además, se oponen a la supervisión fiscal del gasto que los mismos podrían ejercer, de acuerdo a lo que está contemplado en el papel de trabajo.
Mecanismo. Los contralores sociales podrán ejercer de manera individual o colectiva en los ámbitos de producción, distribución, intercambio y consumo, así como los laborales.
La norma que está en revisión establece la posibilidad de que los contralores sean apoyados por la seguridad pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana) “en casos de omisión, inhibición o contumacia del órgano administrativo legalmente facultado para imponer las sanciones”.
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Fuente: Primicias 24
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