Por: Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Muchos años antes que México empezara a exportar la fiebre porcina, nos envió unos empresarios marranos que, apoyados por cómplices peruanos, destruyeron la línea aérea nacional de bandera y entregaron el mercado de la aviación a operadores extranjeros de los que hoy nos quejamos porque abusan en las tarifas y en los derechos de los pasajeros.
En esta historia de la “peor privatización de Fujimori” (según famosa frase de Alejandro Toledo) que ya figura en algunos libros, hay un capítulo particular sobre el papel de los jueces, relatado por el presidente de la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú, Celso Gonzales, en esta entrevista realizada en las vísperas de una decisión de la Corte Suprema que puede ser histórica.
- Sr. Gonzales, ¿cuál es la importancia de la resolución que adoptará la Corte Suprema sobre el caso Aeroperú?
- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema tiene una extraordinaria oportunidad para castigar la colusión de intereses entre empresarios piratas que despojaron a los peruanos de su empresa aérea de bandera, autoridades y funcionarios corruptos, y jueces venales. Le basta confirmar su propio fallo del 24 de abril del 2008, que rechazó la resolución de la 4ta Sala de la Corte Superior, y le ordenó sustentar debidamente su decisión respecto al amparo que los trabajadores de Aeroperú, como accionistas minoritarios, estábamos planteando contra la decisión de un juez de declarar incompetente a la justicia peruana para opinar sobre la nulidad de la fraudulenta declaratoria de insolvencia de la empresa y el reconocimiento de deuda hecho por Indecopi en 1999. Dado que la 4ta Sala no corrigió su decisión, será la Suprema la que tendrá la última palabra.
- ¿Cómo se llega a este punto?
- El gobierno de Fujimori privatizó Aeroperú, en 1993, en un proceso previamente amarrado con los ganadores, que pagaron un monto que no cubría ni el valor de los aviones y otros activos que Aeroméxico vendió rápidamente con jugosas ganancias. En una administración dolosa de seis años, la compañía mexicana saqueó todo lo que pudo a Aeroperú y luego pidió la insolvencia, presentándose a la vez como accionista mayoritaria responsable del fracaso y también como principales acreedores, que se haría cargo de la liquidación. Este procedimiento tramposo fue avalado por Indecopi, cuyos funcionarios permitieron que Aeroméxico invente una cuantiosa deuda en perjuicio de otros acreedores que tenían mucho más derecho que ellos (Banco de Crédito y Petroperú) que se negaron a formar parte de la Junta por no estar de acuerdo con los mexicanos y sus socios locales. Sobre esta insolvencia y deudas fraudulentas, es que planteamos una denuncia en 1999, que fue interferida por el gobierno fujimorista con el decreto de urgencia 026 y la ley especial 27295 que, a la manera de los casos Cantuta y Barrios Altos, quiso restarle atribuciones a la Justicia, para que no se aboque a demandas contra Indecopi, que en ese momento se refería únicamente al caso Aeroperú, es decir que era una ley con nombre propio. En el año 2000, sin embargo, la Sala Civil Permanente de la Suprema resolvió que sí había competencia judicial sobre el caso, desconoció las normas fujimoristas y ordenó abrir el proceso de nulidad planteado.
- ¿Qué pasó entonces?
- Un juez suplente del Cono Norte toma el caso y, bajo presión de los mexicanos, se rebela al mandato de la Suprema, declarándose “incompetente” para tramitar la demanda y ordena el archivamiento. Eso nos lleva a una acción de amparo en el 2003, ante la 4ta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, reclamando que se respete el fallo que ordenaba abrir el proceso de nulidad. Pero en esta sala nos atracamos cinco años en lo que debía haber sido una acción sumaria que cautelara el derecho que estaba siendo violado por Indecopi, los acreedores mayoritarios y el juez suplente, y que evitara que los activos de Aeroperú fueran liquidados, a favor de los piratas mexicanos.
- ¿Por qué se produjo una demora tan larga?
- Evidentemente porque había aliados de Aeroméxico en la Sala. Dos años después de presentada la demanda, el Dr. Ángel Romero, presidente de la 4ta Sala y también presidente de la Corte Superior, declina seguir viendo la causa y echa abajo todo el cronograma, arguyendo que se “había dado cuenta”, con enorme retraso, que existía un conflicto de interés en su participación, ya que anteriormente había sido abogado de Top Consulting, la empresa liquidadora de Aeroperú, designada por Aeroméxico. Por supuesto que esto trajo un grave retraso. Pero además, la verdad es que Romero siguió influyendo en el caso a través los otros jueces.
- ¿Qué pasó con el amparo?
- En septiembre del 2007, la Sala resuelve que la acción de amparo era improcedente, sin dar fundamento a su decisión. Y esto es visto posteriormente por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Suprema, que establece que el debido proceso había sido violado por la 4ta Sala al no sustentar su decisión y no pronunciarse sobre nuestra demanda. Lo increíble es que, estando obligada a redactar una nueva resolución, la 4ta Sala insistió en la improcedencia, sin ninguna fundamentación. Esto ocurrió el 9 de septiembre del 2008, en curiosa coincidencia con el regreso del Dr. Romero a sus funciones en la Corte Superior, luego de una suspensión relacionada con actos de corrupción.
- Se desconoció la autoridad de la Suprema.
- No hay que perder de vista los poderosos intereses que están siendo enfrentados. De un lado la red CINTRA de México, con una serie de empresas asociadas como Aeroméxico, Aerovías de México, Aerovías del Caribe y otras. En el Perú, empresas importantes como Graña y Montero y el estudio de abogados de José Ugaz. En Chile, la empresa LAN, actualmente hegemónica en el mercado nacional. Para que jueces menores se burlen del máximo tribunal, debe haber habido mucho dinero de por medio y tremendas relaciones políticas. Y todo para dejar al Perú sin línea aérea.
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