La nueva ley entrará en vigor dentro de 180 días para dar tiempo a las instituciones públicas a prepararse, precisó el presidente del Congreso, el opositor Arístides Crespo.
Crespo explicó que con la nueva ley todas las entidades públicas, autónomas, descentralizadas y privadas que reciban fondos públicos están obligadas a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.
Entre la información, la población podrá solicitar la cantidad del presupuesto asignado a una entidad y cómo se ejecuta, incluidos los salarios del personal y viáticos. Pero si se niegan a entregar la documentación, que será gratuita, podrán acudir a tribunales.
Fuente: elcomercio.com
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