Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, la Junta considera que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan en dicho proceso suponen una 'afectación' de los intereses generales de la Comunidad Autónoma.
También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.
También estima que afectan a las competencias de la Administración autonómica en distintos ámbitos, como los relativos al régimen de acuerdos locales, las materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica, así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda.
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