El Poder Ejecutivo elaboró un anteproyecto de ley que apunta a fortalecer los controles para impedir el lavado de activos y obliga a promotores privados de la construcción, zonas francas, escribanos y eventualmente a otros profesionales a informar al Banco Central sobre “operaciones financieras sospechosas”.
El gobierno espera que la iniciativa sea tratada en el Parlamento una vez que finalice la votación de la Rendición de Cuentas.
Fuente: El Espectador
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